En esta última semana, sin embargo, la apertura simultánea de varias compañías de bienes no indispensables (tales como cosméticos, productos de informática y electrónica de audio) y el flujo de trabajadores hacia estas nuevas empresas restó potencial a las encargadas de brindar bienes básicos, que ya no pueden producir con facilidad el mínimo para satisfacer la demanda de la población. El rubro más afectado fue el de los productores de alimentos, que entró en una situación de crisis inmediata, y le siguen de cerca las constructoras, que ya se ven en la necesidad de trabajar sin días de descanso y temen correr la misma suerte si se siguen abriendo empresas nuevas.
Se estima que para poder producir la cantidad de alimento necesaria, los empleados de las empresas alimenticias deben trabajar en promedio unas 10 horas al día, todos los días de la semana. Considerando que en realidad ciertas empresas están superando esta cuota, la situación se vuelve insostenible para sus trabajadores, que ya organizaron reuniones con otras empresas del rubro y planean buscar una solución conjunta también con los representantes de otros sectores productivos.
Esto significa nada menos que el suministro de alimentos, que está dirigido actualmente al consumo y no produce excedentes, se verá mermado de no tomar medidas inmediatas. Ante este panorama las opiniones sobre qué fue lo que funcionó mal se dividieron principalmente en tres vertientes: en primer lugar, están los que creen que es necesario saltear de alguna manera la prohibición de comercializar bienes básicos establecida constitucionalmente en 2011 con el fin de salvaguardar la vida digna de todos los ciudadanos; en segundo lugar están los que creen que para defender esta cláusula será necesario aplicar nuevamente un sistema centralizado de distribución, a costa de una burocratización ineficiente de la economía, y en tercer lugar los que en lugar de apuntar al sistema, apuntan al desarrollo que se intentó alcanzar, argumentando que el país simplemente no está en condiciones de llevar adelante un crecimiento tan precipitado en el marco del SEN, y que lo más prudente sería dar un paso atrás y diseñar con más tiempo estrategias para lograr un crecimiento gradual y sostenido a largo plazo, sin necesariamente entrar en conflicto con la ley ni con el bienestar de los vontaneses.
Por el momento el desmantelar las nuevas empresas y volver el tiempo atrás una semana parece ser la única solución, pero tampoco sería una solución definitiva, ya que forzar a los nuevos empresarios a emplearse nuevamente en oficios antiguos para garantizar el buen funcionamiento de la economía es señal clara de una economía que no funciona como debería y debe adaptarse a las nuevas necesidades de su gente.
El problema del crecimiento
Esta crisis es sin duda una consecuencia del bienestar que se vivió en la micronación desde mediados del año pasado, período por el cual sin excepción todo neoaltariano tuvo la libertad de trabajar en el rubro que más le gustase y a la vez de gozar de una vida digna. La situación de prosperidad respecto de tiempos anteriores impulsó a los ciudadanos más ambiciosos a proponer nuevos proyectos, pero no se tuvo en consideración las limitaciones del modelo.
Aunque este problema se empezó a advertir con la apertura de una empresa de telefonía e internet en diciembre del año pasado, se esperaba que los debates duraran a lo largo del 2015 y se tomaran medidas graduales; sin embargo la falta de consenso y un crecimiento imprevisto precipitaron la crisis a tan solo dos meses de comenzar el año.
Desde ahora, queda debatir si es necesario realmente un cambio profundo en el modelo económico neoaltariano, que posiblemente ya haya agotado sus posibilidades, o si es posible adaptar el reciente entusiasmo por el progreso material al marco económico existente.
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