El 2 de junio, ante la grave situación política del país, causada por bajas en la actividad de los asambleístas y grandes diferencias entre los mismos, de Jaumendrauguiera había advertido a la Asamblea sobre la posibilidad de “intervenir en la vida política de una forma más directa” si sus miembros no solucionaban este problema. Seis días después, el presidente decretaba la disolución del Gobierno Departamental, reemplazándolo por una Junta de Gobernabilidad que se encargaría de reorganizar y llevar a buen puerto la política cántabra antes de devolver el gobierno a los representantes del pueblo. El día siguiente la Junta ya se ponía en funcionamiento, quedando entonces postergado de forma indefinida el gobierno democrático. La medida, que ha disgustado a parte de la población, llegó a generar disturbios en los días siguientes; no pasó mucho sin embargo para que la situación se calmara.Ayer 12 de agosto, tras más de dos meses de suspensión del gobierno constitucional, la Junta ha decidido su disolución, para abrir paso a un nuevo gobierno constitucional, quedando demostrado así el compromiso de los miembros de la Junta, que pese a la controvertida decisión que hace dos meses se tomó, lejos de perjudicar al pueblo logró encaminar nuevamente la política cántabra y devolvió voluntariamente el poder a su ciudadanía.
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